La Asamblea de Podemos aprobó el mes pasado cinco resoluciones que constituyen un esbozo de programa electoral. En los textos figuraba una propuesta de auditoría y reestructuración ordenada de la deuda que desarrolla la idea inicial de la formación y que ahonda en los argumentos de la reestructuración en lugar de un impago de las partes considerabas “ilegítimas”, como figuraba en su programa para las pasadas elecciones europeas. Un matiz que no ha pasado desapercibido para algunas organizaciones sociales y ciudadanas que están pidiendo una mayor concreción.
La Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)publicó ayer en su página web una serie de dudas y preguntas que el grupo de auditoría ciudadana de Guipuzkoa hace al partido liderado por Pablo Iglesias. Entre ellas destacan que la resolución aprobada en la asamblea no hace mención alguna a la derogación del artículo 135 de la Constitución, cuando sí se incluyó en su programa a las europeas. La reforma aprobada en 2011 prioriza la devolución de la deuda sobre otro tipo de intereses.
“No se hace mención al artículo 135 de la Constitución española; ni para decir que se cambiará, ni para decir que se mantendrá, ni para decir que -cambiado o mantenido- se someterá a referéndum”, afirma la plataforma que pregunta a Podemos si tiene voluntad de modificar dicho artículo y/o someterlo a referéndum.
Pero también le plantea más cuestiones, como cuál es el modelo de auditoría que barajan: ciudadana, institucional o mixta. “Una vez que una auditoría calificara una deuda como ilegítima: ¿Qué proponéis hacer con ella?, ¿las conclusiones de la auditoria son puramente informativas/pedagógicas […] o son vinculantes?”, continúa la PACD de Guipuzkoa.
Pero la pregunta clave para esta plataforma tiene relación con el concepto de reestructuración que presenta la resolución de Podemos, ya que la Comisión de Guipuzkoa considera que “la negociación de “soluciones cooperativas” que Alberto, Bibiana y Nacho proponen como la única solución perdurable en el tiempo es imposible cuando de deuda se trata”, ya que una reestructuración de ese tipo haría incompatible un acuerdo entre deudores y acreedores y una rebaja de la deuda a niveles que no comprometan la soberanía y el bienestar del país, pues siempre predominarían los intereses de los acreedores.
Además, desde la Plataforma se insiste en la idea de que España no puede devolver —ni reestructurada ni sin reestructurar— una deuda (suma de pasivos incluidos depósitos) de 4,49 billones de euros, lo que obligaría a decidir entre un impago desordenado u ordenado, siendo necesaria en ambas decisiones la nacionalización de la banca.
Por último, la PACD hace la pregunta clave que se están haciendo políticos, empresarios, financieros, economistas y ciudadanía en general “¿Estaría Podemos realmente dispuesta a asumir un planteamiento de no pago de la deuda de este tipo?”
