Las asociaciones de consumidores denuncian el vacío legal en el que se mueven las empresas que ofrecen minicréditos y la inexistente intervención de las administraciones públicas. Los minicréditos se han convertido en una alternativa en auge en España para los particulares que necesitan dinero rápido en un momento de apuro para cubrir cualquier imprevisto o hacer frente a un gasto inesperado. Aunque son una práctica habitual en algunos países anglosajones, siguen siendo un asunto controvertido tanto por los altos tipos de interés que cobran como por la ausencia de regulación en torno a las entidades que prestan estos servicios.
El portavoz de Facua Rubén Sánchez cree que este tipo de empresas sigue ofertando estos “peligros” créditos por la falta de intervención del Banco de España y del Gobierno central. La asociación de consumidores estudia denunciar estas prácticas que considera “fraudulentas”.
En España, existe un vacío legal en lo que se refiere a estas prácticas. En principio no serían ilegales ya que el préstamo de dinero entre particulares está permitido. Hay que tener en cuenta, eso sí, que aún está vigente la Ley de Represión de la Usura, de 1908, que en su primer artículo estipula que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.
Esta norma de más de cien años no ha sido derogada (aunque sí algunos de sus artículos), pero tampoco desarrollada, por lo que en última instancia continúa correspondiendo a los tribunales decidir si ha existido una práctica ilegal en los préstamos.
“Rápido, fácil y sin explicaciones”, ese es el eslogan de alguna de estas empresas, pero para la asociación de usuarios de bancos y cajas Adicae, las empresas prestamistas no tratan el tema con la seriedad que se merece.
La organización pone como mejor ejemplo de esto al prestamista Wonga, que puso en marcha una campaña publicitaria donde aparecen animaciones de personajes de la tercera edad en situaciones cómicas que no tienen que ver con el contexto que vive un consumidor que solicita un préstamo de estas características. Adicae cree que el tono “simpático” de los personajes es “exactamente lo contrario de la seriedad que se necesita para ser plenamente de lo que supone un crédito rápido”.
Además, la organización, denuncia que las empresas que ofrecen estos ‘mini créditos’ “no dejan ver fácilmente los altos intereses con los que luego se reembolsan el dinero prestado”.
Los pocos requisitos requeridos y la rapidez en el préstamo es lo que ha hecho que estos servicios sean tan populares y demandados.
Empresas como Vivus, Kredito24 o Wonga ofrecen a sus clientes créditos de entre 50 a 600 euros sin necesidad de aval en menos de 24 horas. Solo es necesario ser mayor de edad y disponer de una nómina (aunque en algunos casos no es necesario) o prestación de desempleo o jubilación. Muy tentador si se comparan con los trámites que exige una entidad bancaria.
A simple vista parece que el consumidor no se encuentra ante ningún tipo de riesgo al recibir ese dinero, y es cierto, el problema aparece cuando hay que devolverlo. Las empresas estipulan un plazo de entre 5 a 30 días para ingresar la cantidad prestada, sumándole unos intereses desproporcionados y una Tasa Anual Equivalente (TAE) desmesurada.
Los mini créditos tienen unos elevados intereses, que suelen rondar el 1% diario, lo que significa que en el plazo de un mes los intereses finales que tendrá que pagar el cliente estarán en el 30%.
En el caso de Vivus si se solicitan 300 euros la cantidad a devolver por el consumidor estaría en 360 euros. Otro ejemplo de estos altos intereses sería Kredito24 si se realiza un préstamo de 300 euros a 30 días la de devolución es de 405 euros. Y no solo eso, en el caso del vencimiento de la fecha de devolución la deuda irá creciendo, y los datos del deudor se facilitarán a la agencia de cobro en un período de 7 a 90 días.
