El Gobierno sigue sin explicar de dónde saldrán los 1.400 millones para indemnizar a Florentino Pérez y sus compañeros de negocio. Denuncian que probablemente del bolsillo del consumidor. El ministro de Energía, José Manuel Soria, sigue sin explicar de dónde saldrá el dinero para indemnizar a ACS y sus compañeras en el fallido proyecto Castor. La constructora que preside Florentino Pérez pide indemnizaciones al Estado y desde Izquierda Plural se temen que finalmente la factura corra a cuenta del consumidor.
Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, ha explicado este lunes que el grupo parlamentario del que forma parte solicitará la comparecencia del ministro Soria en el Congreso para que “clarifique” la fórmula a seguir para indemnizar a la compañía de Florentino Pérez y sus socias en Escal UGS, la sociedad concesionaria del fallido almacén de gas frente a las costas de Castellón.
Desde la bancada del grupo de izquierda se temen que los 1.400 millones que reclama ACS termine cargándose a la factura de gas de los consumidores. En este sentido, ya recuerdan que ya el pasado mes de junio el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, señaló que el diseño final de la reforma del sector que se ultima en los despachos del Ministerio incluiría una respuesta a los costes relacionados con el proyecto Castor.
El diputado comunista ha denunciado que parece que lo que el Gobierno quiere hacer es “una carga al conjunto de los ciudadanos en favor de una empresa determinada”. El responsable federal de Energía dentro de la formación política, Adolfo Barrena, ha destacado además que el equipo de Mariano Rajoy no tardará en llevar a la mesa del Consejo de Ministros su fórmula para afrontar la milmillonaria indemnización por la paralización del proyecto, consecuencia de los temblores de tierra que se dieron en la zona en las fases más iniciales de la adecuación del almacén submarino.
En su discurso, Lara ha lamentado que el proyecto “nunca se debió permitir”. Barrena, por su parte, ha subrayado que ahora que hay que dar una salida a la situación creada es la hora de “que nos digan cómo lo van a pagar y quién” a la par que ha advertido de que en estas cuestiones la resolución “jamás tiene que ser a costa de los ciudadanos”. No obstante, ha denunciado que el PP deja que sean las multinacionales las que gestionen y que además de garantizárseles el negocio, “cuando no funciona, se las indemniza”.
