Soledad Becerril ha pedido al Gobierno que contemple un nuevo modelo para evitar nuevas situaciones de vulnerabilidad social. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social que establezca un procedimiento para no desahuciar a las personas que deban menos de 30.000 euros a la Seguridad Social.
A su petición, el Gobierno de Mariano Rajoy ha asegurado que para paliar este problema se ha establecido en la Ley de apoyo a los emprendedores un plazo de dos años para los trabajadores autónomos entre la primera diligencia de embargo y la realización material de la subasta.
Becerril considera que esta es una medida positiva, pero no la considera suficiente puesto que no son solo los autónomos los que se enfrentan a estos problemas. De hecho, la institución que lidera ha recibido quejas por deudas no superiores a 30.000 euros.
De ahí que haya considerado que el “inicio del procedimiento de venta forzosa de las viviendas habituales, cuando son el único bien susceptible de ejecución, no resulta proporcionado al fin perseguido”.
La Defensora del Pueblo considera posible establecer un régimen para proteger las viviendas y no empujar a los españoles a situaciones de vulnerabilidad social. Becerril ha asegurado que debe ser posible una negociación de plazos para el pago de la deuda.
