La Sareb se enfrenta a una multa por no haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los inmuebles de este tipo que posee en Andalucía. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha reiterado su petición a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de que informe y comunique a la Junta de Andalucía el estado de sus inmuebles. La falta de respuesta del ‘banco malo’ a las demandas del Gobierno de Susana Díaz sobre dichas viviendas podría suponer incurrir en un “incumplimiento” de la normativa andaluza y por tanto recibir una “infracción”.
En respuesta a una pregunta escrita formulada en el Parlamento andaluz por IULV-CA, relativa a viviendas protegidas de titularidad de la Sareb en Jaén, la Junta explica que la única información sobre esas viviendas que tiene la Consejería de Fomento y Vivienda “es la que la propia Sareb incluye en un informe adjunto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el Decreto-ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”.
Según recoge la agencia Europa Press, la Junta recuerda que, a la demanda de interposición de este recurso, “se adjuntó un informe de la Sareb alusivo a la incidencia e impacto del decreto-ley recurrido sobre la citada entidad”. Este informe de la sociedad que preside Belén Romana “pone de manifiesto, de manera expresa, la titularidad que ostenta la entidad sobre 911 viviendas protegidas radicadas en Andalucía”.
En concreto, se señala que “por lo que se refiere a los activos inmobiliarios, en torno a un 12% de la cartera de Sareb se encuentra radicado en territorio andaluz”. En Andalucía hay un total de 6.379 viviendas en manos de la Sareb, de las que 4.473 son viviendas libres que figuran como primera residencia; 995 viviendas libres figuran como segunda residencia; y 911 son viviendas protegidas.
Dicho documento no especifica ni identifica las 911 viviendas protegidas que, conforme afirma la Sareb, son de su propiedad, de forma que “no se conoce la dirección postal de las mismas ni su situación jurídica”. La Junta agrega que “tampoco se indica en este documento las viviendas protegidas que la Sareb tiene en cada provincia”.
Para la Junta, “la evidencia que constituye el hecho de que la Sareb no haya comunicado la adquisición de estas 911 viviendas constituye, a su vez, un indicio de la posible comisión de infracciones en materia protegida que conduce, de forma inexorable, a la tramitación de un procedimiento encaminado a dilucidar si procede la apertura de otro u otros procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones en materia de vivienda protegida”.
