Montoro ha dado permiso a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que contrate ayuda de empresas privadas a la hora de realizar sus auditorías. Desde Gestha señalan que este gasto no está justificado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha declarado la «insuficiencia» de medios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para cumplir con alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías para 2015 y en el Plan de Control de Fondos Comunitarios 2014-2015, por lo que autoriza al organismo a recabar la ayuda de empresas privadas para realizar esta tarea.
En concreto, en la Orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se explica que la Intervención General de la Administración del Estado, como en años anteriores, «carece de efectivos suficientes» para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditorías previstas en ambos planes.
Por este motivo, y amparándose en razones «de eficiencia técnica y organizativa» para cumplir con los objetivos de ejecución de dichos planes y, sobre todo, en razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, Hacienda justifica la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control.
Esta noticia no ha sentado bien a los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes consideran esta externalización un “dispendio” de recursos públicos, ya que se desaprovecha la experiencia y capacidad de cerca de millar de técnicos de auditoría que trabajan en la Intervención del Estado y que actualmente están relegados en algunas funciones auditoras, como son la planificación y dirección de los equipos de auditoría y la firma de informes con las responsabilidades que conlleva.
Gestha ha emitido un comunicado denunciando además “que esta externalización de servicios no es algo nuevo, sino una práctica desde hace más de una década y que va a generar solo entre 2013 y 2017 unos gastos innecesarios para el erario público de 3,6 millones de euros”. Según el portavoz de Gestha, Manuel Redal, “muchos técnicos auditores con experiencia y veteranía en el ejercicio de su profesión han visto como se les han reducido las funciones y competencias en favor de las grandes firmas de la auditoría privada”.
