El ministro excluye a los bancos de la rebaja del impuesto de sociedades para que puedan seguir aplicándose deducciones del 30% por los créditos fiscales y pagar así menos en su factura fiscal. El Gobierno ha excluido a las entidades financieras de la rebaja del impuesto de sociedades. El tipo para la banca se mantendrá en el 30%. Para el resto, el gravamen se reduce el 25%. Aunque a priori podría parecer que se trataría de un gesto del Ejecutivo para compensar las ayudas públicas que ha recibido el sector, el motivo es otro: los 50.000 millones de DTA (activos fiscales diferidos, por sus siglas en inglés) que reconocen como capital. Si el tipo del impuesto bajara, la banca perdería parte de ese capital.
Los DTA son derechos que las entidades tienen frente a Hacienda y que se pueden realizar de dos modos básicamente: o incurriendo en pérdidas deducibles, o generando gastos que no son fiscalmente deducibles inmediatamente como son las provisiones para cubrir posibles pérdidas futuras, y que se han incrementado significativamente por las dos reformas financieras consecutivas impulsadas en 2012 por el ministro de Economía, Luis De Guindos.
Hace dos años, a través de dos decretos ley, Guindos obligó a las entidades financieras españolas a elevar las provisiones sobre los activos inmobiliarios adjudicados y sobre los créditos concedidos a promotoras, tanto morosas como al corriente de pago, lo que llevó al sector a realizar unas provisiones adicionales de 84.000 millones de euros. En ese sentido, si el banco no incurre en pérdidas reales en estas provisiones, Hacienda no las devuelve sino que se guarda ese derecho para el futuro, de tal forma que pasan a ser deducibles en el impuesto de Sociedades de ejercicios futuros. Sin embargo, la nueva regulación de Basilea III obligará a que estos DTA no sean considerados como recursos de capital.
Para paliar esta situación, el Gobierno pueso en marcha un ‘truco’, ya realizado en Italia, y que pasa por dar a los DTA la consideración de créditos fiscales a descontar en Hacienda, para que sí puedan ser considerados como capital por Basilea III. En principio, este cambio fiscal no iba a producir ningún incremento en el déficit público, aunque sí produciría un impacto en el caso de que la entidad entrara en proceso de liquidación.
