Los sindicatos de Telemadrid exigen el cese de los directivos que firmaron los “ruinosos” acuerdos con el Atlético de Madrid
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Los sindicatos de Telemadrid exigen el cese de los directivos que firmaron los “ruinosos” acuerdos con el Atlético de Madrid

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Algunas informaciones apuntan a que Telemadrid y Bankia pagaron 24 millones de euros al Atlético de Madrid por un contrato de publicidad que nunca se cumplió. Los Comités de Empresa de Telemadrid y las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT han firmado un comunicado conjunto en el que exigen el cese inmediato de los directivos que firmaron los “ruinosos” acuerdos con el Atlético de Madrid, después de “la publicación de informaciones periodísticas con gravísimas acusaciones sobre la nefasta y opaca gestión económica” de dicho pacto.

En las informaciones publicadas esta misma semana en el digital InfoLibre -explican los sindicatos- “se aportan datos concluyentes sobre lo ocurrido en el año 2007 cuando Telemadrid y Caja Madrid a través de la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, suscribieron con el club Atlético de Madrid presidido por Enrique Cerezo, contratos por los derechos de antena y de imagen por un total de 270 millones de euros”.

“Contratos que, o bien nunca se cumplieron, -pero se pagaron- o que se suscribieron a pesar de que la Dirección de Telemadrid disponía de informes internos y externos que les advertían y desaconsejaban esa inversión”, añade el comunicado.

“Exigimos el cese de todos aquellos directivos que resulten responsables de la firma y negligente seguimiento de esos contratos”, informan los sindicatos, que recuerdan que directivos como Manuel Soriano –que promovió la aprobación de esos contratos como Director General de Telemadrid y que hoy sigue en el Consejo de Administración- o Ángel Martín Vizcaíno -subdirector general entonces y ahora que ha desempeñado el cargo de administrador mancomunado de Madrid Deporte Audiovisual en representación de Telemadrid-, jugaron un papel destacado en la elaboración y ejecución del ERE de Telemadrid.

Un ERE que dejó en la calle a más de 800 trabajadores y que ha sido declarado “no ajustado a derecho” por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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