La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, presentarán hoy un recurso a las recientes decisiones del Ministerio de Hacienda en relación al Plan Económico Financiero (PEF) del consistorio, según informan fuentes municipales.
El recurso, que se presentará a las 13:00 horas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se enmarca en la negativa de la cartera que dirige Cristóbal Montoro de aprobar el PEF madrileño de este año y el siguiente, así como a la solicitud previa de acuerdo de no disponibilidad de créditos por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2016.
“Por parte del Ayuntamiento de Madrid se estima que puede haber una incorrecta interpretación de la ley y una incongruencia jurídica que colocaría al Consistorio en una situación de indefensión, por lo que se solicitarán medidas cautelares por la vía contencioso administrativa”, informa el Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena.
Su equipo ya venía anunciando el recurso a los tribunales durante las últimas semanas. Consideran estar en una “situación de indefensión” y que los preceptos del departamento de Montoro en este caso “vulneran” los derechos del ente municipal.
Esta denuncia será la primera que un Ayuntamiento interpone al Ministerio de Hacienda, ya que tampoco hay precedentes de que el Ministerio rechace un PEF a una Comunidad Autónoma o a un Ayuntamiento.
Ahora Madrid cree que se puede estar dando una interpretación errónea de la norma, el artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al que se acoge Hacienda para rechazar el plan presupuestario.
Desde el área de Economía y Hacienda consideran «cuestionable que se apliquen las medidas coercitivas previstas en dicho artículo “ante la falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento del PEF», ya que cuando el Ministerio de Hacienda envió esa comunicación «el PEF presentado por el Ayuntamiento de Madrid aún no había sido denegado».
El Ayuntamiento plantea una posible incongruencia jurídica en la posterior denegación del PEF al recurrir a la motivación de medidas coercitivas de una valoración anterior a ese rechazo. Valora también si en la actuación desarrollada por la Secretaría General de Financiación Autonómica se dio «una posible vulneración del principio de autonomía financiera del Consistorio en una estricta aplicación de sus potestades de tutela financiera que pudieran afectar, incluso, al principio de lealtad institucional y la colaboración constitucionalmente establecida entre las distintas administraciones públicas».
El consistorio defiende que el rechazo “supone la creación de un tercer objetivo ajeno al mandato constitucional, una clara extralimitación normativa, ya que tal regla de gasto debería considerarse un instrumento para alcanzar el objetivo de estabilidad y no un objetivo en sí mismo”. “En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la estabilidad parece sobradamente demostrada con un superávit superior a los mil millones y un ritmo acelerado de reducción de deuda”, han explicado fuentes municipales tras la presentación del recurso.
“El Ayuntamiento de Madrid y, por extensión, todas las administraciones locales, está en una situación de indefensión jurídica ante esta interpretación de la regla de gasto por parte del Ministerio”, explicó Rita Maestre. El cálculo “no es justo para la ciudad de Madrid, defendemos que hay otras interpretaciones”.
El recurso destaca “la paradoja” de que el Ayuntamiento cumple los requisitos exigidos en el artículo 135 de la Constitución y en la normativa europea, pero incumple con la regla de gasto en los términos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
«Se podría dar, por tanto, una extralimitación en la citada ley». Carlos Sánchez Mato ha recordado que hay motivos legales más que suficientes “para discutir esa Ley de Estabilidad Presupuestaria”, a la vez que ha insistido en que las medidas adoptadas por Hacienda perjudican a los vecinas y vecinas de la ciudad de Madrid.
Tanto Maestre como Sánchez Mato han asegurado que el Ayuntamiento cumplirá con la legalidad. De hecho, y hasta que el TSJM se pronuncie y resuelva el recurso, se llevarán a pleno los acuerdos de disponibilidad restantes para alcanzar las exigencias del Ministerio. El cumplimiento de las medidas, ha reiterado el responsable de las arcas municipales, “no van a suponer, en ningún caso, un deterioro de las políticas públicas”.
La solicitud de medidas cautelares por la vía contencioso administrativa fue aprobada por la Junta de Gobierno del pasado 27 de abril al estimar –tras analizar de manera exhaustiva el marco legislativo y con los informes de la Asesoría Jurídica del Consistorio, apunta Ahora Madrid– que podría haberse producido una incorrecta interpretación de la ley, así como una incongruencia jurídica.
