La FRAVM había pedido a la presidenta que derogará la ley por la que el Gobierno de Aguirre dejó de abonar las ayudas para rehabilitar viviendas y poner ascensores. Las 20.000 familias afectadas por el impago de las subvenciones para la rehabilitación de viviendas, a las que la Comunidad de Madrid debe un total de 10 millones, no verán, de momento, ni un euro del Gobierno de Cristina Cifuentes para solucionar el problema que les dejó en 2012 el Ejecutivo de Esperanza Aguirre cuando, de un plumazo y a través artículo 20 de la Ley 4/2012, eliminó dichas ayudas que los vecinos ya habían destinado a reformar sus casas y a poner ascensores.
Según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) la presidenta regional se niega a hacerse cargo de dicho agujero, a pesar de las 5.000 firmas que han recogido y de las manifestaciones que han realizado los afectados, dando “carpetazo a un conflicto que afecta a miles de hogares modestos de barrios humildes como San Agustín y Colonia Urpisa (Puente de Vallecas), Ciudad de los Ángeles (Villaverde) o San Ignacio de Loyola (Latina)”.
La FRAVM había pedido Cifuentes que reparara el “ enorme perjuicio” que está causando el artículo 20 de la Ley 4/2012 en el bolsillo a esas cerca de 20.000 familias, recordando que que en junio de 2012, el Gobierno de Aguirre sacó adelante una ley en la que, entre otros recortes de derechos sociales, decidía no pagar el tramo autonómico de las subvenciones a las familias que, en el marco de los planes de vivienda estatales y regionales, habían rehabilitado sus viviendas en los años anteriores y también, bajar de 50.000 a 15.000 euros las subvenciones a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores en edificios de 3 y más alturas que carecían de él.
Sin embargo, el movimiento vecinal y los afectados han recibido un no por respuesta de la presidenta regional, que según Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM y a través de una “escueta misiva” ha rechazado su petición: “Confío en que comprenda que en este momento no estamos en disposición económica ni contamos con los fondos necesarios para derogar el mencionado artículo ni ninguno de los que integran dicha Ley”, indica la presidenta.
La FRAVM muestra su indignación por el hecho de Cifuentes se niegue a «atender la legítima reivindicación de los miles de vecinos afectados, la mayoría de los cuales tiene más de 65 años”, y además con una explicación de un solo párrafo, pero anuncia que seguirán movilizándose a fin de que se les escuche “pidiendo a todos los partidos, ayuntamientos y juntas de distrito que la tengan en cuenta y, de igual manera, la apoyen”.
Estando así las cosas, desde la FRAV aseguran que a nadie le debe extrañar que los potenciales beneficiarios de las nuevas subvenciones desconfíen de Cifuentes y que sean reacios a acogerse al “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016”, que firmaron hace tres meses la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento y que supone una partida de 71 millones de euros para ayudas al alquiler y subvenciones a la rehabilitación de viviendas de zonas degradadas de la región. Y explican que es lo que está sucediendo estos momentos en barrios como Manoteras, objeto de las nuevas subvenciones a la rehabilitación: “que los potenciales beneficiarios rechazan las ayudas al no fiarse en absoluto de una Administración que ha dejado endeudados a vecindarios enteros”.
Ademas, recuerdan desde la federación que en el marco de este conflicto, el pasado mes de octubre el Juzgado de Instrucción Número 36 de Madrid admitió a trámite una querella que presentó la asociación vecinal Los Pinos de San Agustín contra Pablo Cavero, ex consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, por prevaricación y malversación de fondos públicos. La entidad, a la que poco después se sumó la FRAVM en su demanda judicial, denunció a Cavero, hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición, por destinar parte de los 85 millones de euros recibidos del Estado para la rehabilitación de viviendas a otras partidas.
