La Federación Española del Taxi (Fedetaxi), la asociación mayoritaria del gremio, ha convocado una huelga para el próximo 29 de noviembre por considerar “insuficientes” las medidas que propone el Ministerio de Fomento al problema de las licencias de los vehículos de alquiler de coches con conductor (VTC), las utilizadas por plataformas como Uber y Cabify.
La organización había solicitado a la cartera dirigida por Íñigo de la Serna una reunión urgente después de que la semana pasada el Tribunal Supremo obligara a conceder 80 autorizaciones para este tipo de servicios que habían sido denegadas por la Comunidad de Madrid. La decisión del Alto Tribunal abre la puerta a que en los próximos meses se puedan conceder unas 10.000 licencias más.
El encuentro ha tenido lugar esta mañana. Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, ha solicitado más control policial a las VTC y la puesta en marcha de una página web nacional para controlar la explotación y especulación de estas autorizaciones. Aunque algunas de las exigencias han sido aceptadas, la asociación considera que las medidas son “insuficientes”.
“El gobierno ha dejado pasar una oportunidad de oro para escuchar nuestras demandas y hacer valer nuestros derechos, aceptando implementar tan solo algunas de las medidas exigidas por nuestro sector”, ha señalado Leal a la salida de la reunión mantenida con el Secretario de Estado, Julio Gómez-Pomar, la Secretaria de General de Transportes, Carmen Librero, y el Director General de Transportes, Joaquín del Moral.
La asociación ha hecho un llamamiento al gremio para seguir reivindicando sus derechos “ante la violación continuada” de los mismos.
En concreto, las dos sentencias de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo que han despertado las críticas de los taxistas estiman los recursos presentados por Jojucar y Gran Vía Rent a Car contra un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegaba las peticiones de licencias de ambas empresas.
Las resoluciones apuntan que la presentación de las peticiones se realizaron en 2014, antes de la aprobación del Real Decreto de 2015 que establece el actual reglamento de la Ley del Transporte Terrestre.
