La Generalitat de Cataluña comunicará por vía administrativa y notarial a los bancos que no pueden bloquear las cuentas del Govern, tal y como solicita el Ministerio de Hacienda a través de la orden ministerial acordada a finales de la semana pasada.
La intención de Cristóbal Montoro es evitar cualquier vía posible de financiación del referéndum del 1 de octubre. Por eso se reunieron técnico de Hacienda con las entidades financieras para explicarles el procedimiento de la orden ministerial. Ese procedimiento se resume en que los bancos deben bloquear las cuentas de la Generalitat y denunciar al Gobierno cualquier transferencia “sospechosa”.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Generalitat contra esa orden ministerial, que supone la intervención más que parcial de sus cuentas, ya que Cataluña deberá justificar todos sus gastos y no recibirá la mensualidad (cerca de 1.4000 millones) correspondiente a la financiación de la administración. El Gobierno pagará directamente a los proveedores.
Sin embargo, la decisión del Supremo no tiene efectos suspensivos. Es decir, Hacienda podrá ejecutar el acuerdo de no disponibilidad por el que interviene las cuentas catalanas. A priori, según el ultimátum de 48 horas que dio Cristóbal Montoro el pasado viernes, podría haberlo hecho ya. Algo que a estas horas (17:45) no se ha producido.
La Generalitat considera que la admisión a trámite provoca la suspensión de esa orden ministerial, algo que rechazan Hacienda y el Supremo. Sin embargo, según han confirmado a EL BOLETÍN fuentes del Govern, el Ejecutivo catalán seguirá su hoja de ruta y no justificará los gastos que procedan de sus arcas.
“Hacienda querría intervenir nuestras cuentas al completo. Incluidos los tributos propios (sucesiones, patrimonio…)”, algo para lo que Montoro debería aplicar directamente el artículo 155 o a través de un decreto ley.
De hecho, la Asociación de los Técnicos de Hacienda (Gestha) asegura a este diario que el Gobierno debería aprobar por decreto ley la orden ministerial “para dotarla de mayor seguridad jurídica”, y por tanto, mayor cobertura legal.
En declaraciones a EL BOLETÍN, el presidente Gestha, Carlos Cruzado, considera que si el Gobierno quisiera intervenir totalmente sobre los impuestos propios de la Generalitat, “debería aplicar el artículo 155. Una orden ministerial no sería suficiente en ese caso”, afirma al tiempo que especifica que su postura es técnica, no una valoración sobre si las medidas son oportunas o desproporcionadas.
